El Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad de actuaciones que había presentado Vodafone España contra la sentencia que avalaba la tasa impuesta por el ayuntamiento de Madrid para gravar a las empresas de telefonía móvil por el uso de infraestructuras en dominio público municipal, como ya hizo con el presentado este verano por Orange.
Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, Vodafone alegaba que la sentencia dictada suponía “una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva” en relación con el Derecho de la Unión Europea, por no plantear cuestión prejudicial alguna ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Asimismo, también argumentaba que la sentencia adolece de “incongruencia y falta de motivación” por no haber justificado los motivos por los que considera que la ordenanza no produce doble imposición, con lo que se incurre igualmente en infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del TS considera que el incidente planteado debe ser desestimado porque la sentencia resulta “obviamente contraria a los intereses” de Vodafone España, pero no incurre en ninguno de los defectos que determinarían su nulidad.
En este sentido, remarca que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho, que no sea arbitraria y que no incurra en incongruencia y se remite a lo recogido en el auto del 12 de julio que desestimaba el incidente de nulidad de actuaciones planteado por Orange Espagne contra una sentencia similar.
Asimismo, asegura que no se puede imputar a la sentencia incongruencia ni falta de motivación respecto de la alegación de doble imposición, ya que la exclusión del régimen especial del artículo 24.1.a) del TRLH no supone que la telefonía móvil no quede sujeta a la tasa. Así, incide en que “no se grava dos veces el mismo recurso, lo que se grava es la utilidad que deriva del uso del bien de dominio público para la prestación de la totalidad de los servicios de telecomunicaciones”.
“Otra cosa es que la promotora del incidente no esté conforme con la argumentación de la Sala, pero el incidente de nulidad de actuaciones no permite llevar al mismo disconformidades de las partes con la decisión adoptada”, ha apostillado.
IMPACTO DE LA SENTENCIA.
La sentencia del TS publicada la pasada primavera que avalaba la “Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil”, lo que obligó a Vodafone a paralizar su fusión societaria con Ono.
Según ha comunicado esta semana, finalmente ha decidido mantener las sociedades Vodafone España S.A.U, especializada en servicios móviles, y Vodafone Ono S.A.U. centrada en servicios fijos, y fusionar Tenaria S.A.U con Vodafone Ono S.A.U. Además, ha creado una nueva sociedad denominada Vodafone Servicios S.L.U, que pondrá a disposición de los clientes los servicios de comunicaciones prestados por Vodafone Ono S.A.U y Vodafone España S.A.U.
La operadora explicó que había decidido llevar a cabo varios cambios en su estructura societaria con el objetivo adaptarla a su estrategia de negocio, enfocada en la convergencia, y remarcó que estas modificaciones no afectarán ni a las relaciones con los clientes ni a las condiciones de los empleados.
En un encuentro con los medios en Santander a principios de septiembre, el director de regulación de Vodafone España, Pedro Peña, destacó que esta tasa, que grava a las empresas de telefonía móvil por el uso de infraestructuras en dominio público municipal, hubiera incrementado el importe a pagar al Ayuntamiento de Madrid de haber seguido adelante con la fusión societaria de Vodafone y Ono de cuatro a 40 millones de euros.
En esta línea, añadió que la decisión de más de 130 municipios de replicar esta tasa, que se calcula comparando el número de clientes de telefonía móvil con las infraestructuras fijas, hubiera disparado el coste a nivel nacional entre 600 y 700 millones de euros, una cifra “inasumible” que hacia de la fusión un “absurdo económico”.
